viernes, 25 de mayo de 2018

Guatemala: La muerte de Posada Carriles, la Dirección de Migración y la coyuntura actual


Posada Carriles tuvo una larga trayectoria conspirativa. Sus acciones encubiertas las concentró en Centroamérica tras exiliarse y nacionalizarse venezolano. Guatemala fue uno de sus centros de operaciones más importantes, quizá porque desde principios de los años 60 tejió sus redes al ser partícipe del bloque de cubanos exiliados que la CIA entrenó en Guatemala para la invasión de Bahía de Cochinos, según se desprende de documentos desclasificados de la CIA que la organización estadounidense National Security Archive dio a conocer en 2005 y mayo de 2007.


GUATEMALA: LA MUERTE DE POSADA CARRILES,
LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Y LA COYUNTURA ACTUAL


Por Luis Solano

Héroe para el exilio cubano y terrorista para muchos, el cubano contrarrevolucionario Luis Posada Carriles falleció el 23 de mayo de 2018. Envuelto en un manto de conspiraciones y acciones encubiertas en el continente americano, desde la década de los 60, Posada Carriles arrastró un largo historial en el que destaca el atentado contra un avión cubano en 1976, y una variedad de acciones terroristas en Cuba, en 1997. Pero “Los caminos del guerrero” como reza el título del libro autobiográfico que Posada Carriles escribió en 1994, también están marcados por un legado violento en el istmo centroamericano. Gobiernos y grupos de poder fueron sus protectores y benefactores, y Guatemala fue uno de los escenarios preferidos de quien por muchos años tuvo como objetivo acabar con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Su muerte, de alguna manera, lo vincula a la coyuntura actual.

Posada Carriles y la coyuntura actual

Las conexiones de Luis Posada Carriles en Guatemala, vinculadas a la coyuntura actual, lo llevan hasta César Augusto Cabrera Mejía, también conocido como “Nito” Cabrera, quien fue Subdirector de la Dirección de Inteligencia (D-2) cuando el general Luis Francisco Ortega Menaldo la dirigió en 1990, y en ese mismo año Cabrera Mejía se convierte en director de la D2 hasta 1991, dado a que era uno de los oficiales leales a Ortega Menaldo. Hoy día, Cabrera Mejía está procesado junto a otros militares de alto rango por delitos de lesa humanidad en el Caso CREOMPAZ.

Cuando ocurrió el asesinato en Guatemala del dirigente socialdemócrata de El Salvador, Héctor Oquelí Colindres, en enero de 1990, se conjeturó que la autoría era obra del exiliado cubano y terrorista Luis Posada Carriles, quien operaba en Guatemala bajo el pseudónimo de Juan José Rivas López, y de manera encubierta como miembro del grupo de asesores del democristiano Instituto Venezolano de Educación Popular que apoyaba al gobierno de Cerezo.

Pero por medio de este instituto venezolano también llegó el investigador Víctor Rivera a El Salvador en 1983 -asesinado en Guatemala en 2008 cuando recién dejaba de ser asesor del Ministerio de Gobernación-, para capacitar a la policía salvadoreña. Un mes después del asesinato de Oquelí Colindres, Posada Carriles sufrió un atentado en Guatemala que casi le cuesta la vida. Posada Carriles acusó del hecho a la inteligencia cubana, que se habría apoyado en los militares guatemaltecos Francisco Ortega Menaldo y César Augusto Cabrera Mejía. En esos días, Ortega Menaldo era el Director de la D-2, y Cabrera Mejía Subdirector. Este último asumió la dirección en mayo de 1990 y se le vinculó al asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Mientras a Ortega Menaldo, de quien se dice fue agente de la Central Inteligencia Americana (CIA), hoy en día se le señala de ser uno de los altos jefes del crimen organizado. Para más información ver libro autobiográfico de Posada Carriles: “Los caminos del guerrero”, Capítulo 20; e Inforpress Centroamericana. “Posada Carriles: una brasa en las manos para Bush”. 18 de mayo 2007.

Posada Carriles siempre contó con el respaldo de los directores de la Dirección General de Migración, desde donde lograba pasaportes falsificados para poder movilizarse en Guatemala. Como parte de la estructura contrainsurgente, de espionaje y control poblacional esa Dirección siempre estuvo controlada directa o indirectamente por militares. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo, período en el que Posada Carriles estuvo activo en Guatemala, el director era el militar y abogado Arturo Chur del Cid. Durante los gobiernos militares de los generales Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores, el director fue el general Manuel Callejas y Callejas, uno de los militares condenados a varios años de prisión por el Caso Molina Theissen, el 23 de mayo de 2018.

En 2005, se descubrió que Posada Carriles llevaba consigo un pasaporte extendido en Guatemala. En esos días, el jefe de la oficina de pasaportes en la Dirección de Migración era Juan Fidel Pacheco Coc, asesinado en 2010 luego de denuncias que hiciera ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) contra el entonces director Enrique Degenhart, actual ministro de Gobernación. Durante un allanamiento a la vivienda de Pacheco Coc, lugar donde fue asesinado, se encontró información sobre el negocio ilícito de pasaportes y la red de tráfico de personas en la Dirección de Migración, que incluyó la documentación del caso de la familia Bitkov y que es parte de la campaña contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


 Pero quién era Posada Carriles

Posada Carriles fue el centro de una vieja disputa que arrastró importantes figuras políticas y gobiernos. El gobierno venezolano exigió por años su extradición tras fugarse de una prisión venezolana en 1985, donde estaba detenido acusado de ser el autor intelectual del estallido de un avión cubano en Barbados, en 1976, y donde murieron 73 personas. Al igual, el gobierno cubano lo requería por ese caso, y por los atentados con explosivos en centros turísticos en Cuba, en 1997, del cual también se le responsabiliza como autor intelectual.

El gobierno estadounidense siempre negó las peticiones de extradición, a las que se incluyó la del gobierno de Nicaragua que acusaba a Posadas Carriles de ser una figura emblemática en el suministro de armas a la contrarrevolución nicaragüense, en el marco del escándalo Irán-Contras, en la década de 1980.

Una investigación que realizó el Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus siglas en inglés), hace algunos años, consideró que desde algún lugar de New Jersey se transfirieron ilegalmente US$19 mil a Guatemala y El Salvador para financiar esas acciones terroristas en Cuba.

Posada Carriles siempre fue una brasa en las manos del gobierno estadounidense. Con alcances que llegaban a George H. W. Bush (ex presidente de Estados Unidos) director de la CIA en 1976, cuando se atentó contra el avión cubano, y se suponía que Posada Carriles todavía trabajaba para la CIA, que lo reclutó desde la fallida Operación de Bahía de Cochinos para la invasión a Cuba en 1961. «Posada Carriles es un hijo y engendro del imperio (estadounidense), el imperio lo apañó, lo entrenó y le sabe mucho al imperio», planteaba el exembajador de Cuba en Panamá, Carlos García.

Posada Carriles tuvo una larga trayectoria conspirativa. Sus acciones encubiertas las concentró en Centroamérica tras exiliarse y nacionalizarse venezolano. Guatemala fue uno de sus centros de operaciones más importantes, quizá porque desde principios de los años 60 tejió sus redes al ser partícipe del bloque de cubanos exiliados que la CIA entrenó en Guatemala para la invasión de Bahía de Cochinos, según se desprende de documentos desclasificados de la CIA que la organización estadounidense National Security Archive dio a conocer en 2005 y mayo de 2007.

Posada Carriles fue entrenado en demolición con explosivos en el campamento de San Juan Acul, Petén, que la CIA junto al finquero Roberto Alejos Arzú, construyó en 1960 (Revista Time, 28/4/61). Tras el fracaso de la invasión se quedó en Guatemala. “En 1962 trabajaba en el edificio de la Editorial del Ejército, zona 1, donde operaba la cárcel clandestina del Departamento de Investigaciones Especiales, dirigida por un oficial del Ejército de Guatemala con asesoría norteamericana.”, afirmó el ex comandante guerrillero guatemalteco y columnista de prensa, César Montes (Siglo Veintiuno, 11 de mayo de 2005).

Ya como agente de la CIA, en mayo de 1965, Posada Carriles junto a un grupo de cubanos exiliados participó en un complot para derrocar al presidente de facto, general Enrique Peralta Azurdia. El complot era fraguado por Alejos Arzú, desde Miami, empresario con quien tuvo estrechas relaciones y quien ofreció su finca Helvetia y otras propiedades para el entrenamiento de los cubanos.

CONEXIÓN GUATEMALA

Entre los involucrados de haber ayudado a Posada Carriles a ingresar ilegalmente a EEUU en 2005 con pasaporte guatemalteco, cuando el terrorista se hallaba en su última fase de su historial, se encuentra el millonario cubano Santiago Álvarez y su empleado también cubano, Óscar Mitat. Tanto Álvarez como Mitat fueron a prisión, condenados en noviembre de 2006 a cuatro y tres años de prisión respectivamente, por tenencia de un lote de armamento. Ambos recibieron una reducción de penas en 2007, tras haber entregado otro lote de armas a las autoridades. El armamento, que se ha dicho serviría para acciones contra el gobierno de Fidel Castro, es un tema que no se incluyó en el juicio que se les libró después de su captura en noviembre de 2005.

Álvarez, de 64 años, era un prominente miembro del exilio cubano de Miami, promotor de bienes raíces y benefactor de Posada Carriles. Álvarez fue quien financió a Posada Carriles su defensa legal en Panamá cuando fue acusado y posteriormente convicto por conspirar para asesinar a Castro en 2000. También fue quien le buscó un abogado en Miami cuando Posada Carriles llegó a EEUU ilegalmente en marzo de 2005, y el gobierno cubano asegura que fue Álvarez quien lo llevó a EEUU a bordo de un barco privado. El empresario también fue acusado de recibir un pasaporte guatemalteco falso y una cédula de identidad falsa a su nombre, según la Fiscalía de Miami.

De acuerdo con la declaración jurada de dos agentes federales, la investigación contra Álvarez comenzó el 2 de noviembre de 2005, cuando se interceptó un paquete dirigido al empresario con esa documentación. En un allanamiento a las oficinas de Álvarez, agentes hallaron un correo electrónico dirigido al empresario en el que alguien le comunicaba tener el apoyo del «jefe de la Oficina de Pasaportes de Guatemala» para venderle los documentos de identidad, según la declaración.

El funcionario de migración guatemalteco era en ese entonces Juan Fidel Pacheco Coc, quien en diciembre de 2005 supuestamente fue destituido según denunciaron el entonces director-interventor de la Dirección General de Migración (DGM), Fernando Sosa, y el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann. Sin embargo, meses después Pacheco Coc seguía laborando en ese lugar con otro cargo.

Sin embargo, la encargada de recursos humanos de la DGM, Zoila Gordillo, indicó que Pacheco Coc nunca fue destituido (Siglo Veintiuno, 17/4/06). El funcionario fue secretario general del sindicato de la DGM, y además de recibir amenazas de muerte por años, también fue acusado de corrupción. Durante ese mismo período de tiempo a Posada Carriles también se le extendió el pasaporte falso de Guatemala que llevaba consigo durante su ingreso ilegal a EEUU y el cual ocultó.

El FBI también trabajó conjuntamente con el gobierno cubano en la investigación de los atentados de 1997. En el contexto del juicio contra Posada Carriles, se dio a conocer un documento del FBI que reveló detalles sobre la investigación de EEUU acerca de los lazos del militante anticastrista y una ola de ataques dinamiteros en La Habana entre abril y octubre de 1997, en los que murió un turista italiano en un hotel.

En ese informe, que es parte de una investigación de 1998 y engavetada en 2003, se indica que existieron explosivos escondidos en zapatos y botellas de champú; tiene registro de miles de dólares transferidos electrónicamente desde Nueva Jersey a Guatemala y El Salvador y contiene una nota en un portafolio en la cual dice que “el tirano tiene que ser eliminado” aun cuando muera gente inocente.

Aunque diversos medios de comunicación presentaron el informe como “nuevo”, e incluso el documento omite nombres e identifica a testigos con códigos, en realidad esa información ya había trascendido años antes con nombre y apellido. Los diarios estadounidenses The Miami Herald (6 de junio de 1998) y The New York Times (12 de julio 1998), dieron detalles del caso.

A quien el informe del FBI identifica como fuente confidencial CS-1 (en inglés), en realidad esos medios de prensa lo identificaron como Antonio Jorge Álvarez, un empresario cubano estadounidense que llegó a Guatemala en 1996, contratado por la empresa WRB Enterprises, con sede en Tampa, Florida.

El objetivo de la empresa era la construcción de plantas de energía eléctrica en Chiquimula, pero dos años después, el proyecto fracasó. Sin embargo, en ese período de tiempo, Álvarez informó al FBI, y a las agencias de inteligencia de Guatemala y Venezuela, de haberse enterado que Posada Carriles estaba trabajando muy de cerca con dos de sus empleados para gestar acciones terroristas en Cuba y atentar contra Fidel Castro en Venezuela.

Los empleados de Álvarez eran el cubano exiliado, radicado en Guatemala, José Francisco Álvarez y el militar guatemalteco José Burgos, quien estaba retirado después de trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y servir de seguridad de la familia de un expresidente, a quien no se identifica.

Posada Carriles y Víctor Rivera

En 1969, se dirige a Venezuela y colabora con la reestructuración de los aparatos de inteligencia y la lucha contrainsurgente durante el gobierno del democristiano Rafael Caldera. Asume importantes cargos dentro de la Dirección General de la Policía (DIGEPOL) la cual posteriormente se llamará Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), de la cual saldrá en 1975 tras el cambio del gobierno. En la DISIP conoce a Víctor Rivera, quien fuera asesor del Ministerio de Gobernación de Guatemala durante los gobiernos de Álvaro Arzú y Óscar Berger, y asesor privado en materia de seguridad de poderosas familias guatemaltecas que experimentaban secuestros de familiares. Tras el derribo del avión cubano en 1976, Posada Carriles estuvo detenido entre ese año y 1985, cuando se fugó.

Posada reaparece en El Salvador, en 1985, con la identidad de Ramón Medina, trabajando para una compañía encubierta de la CIA: Southern Air Transport. Es el jefe del grupo que se instala en el aeropuerto de Ilopango, desde donde salen los vuelos clandestinos que suministran armamento a la Contra nicaragüense. Ahí se reúne frecuentemente con el coronel Oliver North, quien viene de EEUU a supervisar la operación. La operación encubierta sale a luz cuando los sandinistas derriban, el 5 de octubre de 1986, uno de los aviones.

El piloto, William Cooper, muere. Su asistente, Eugene Hasenfus, logra salvarse y es capturado por los nicaragüenses. El escándalo Irán-Contras estalla y pone contra la pared al gobierno de Ronald Reagan (Inforpress, 30/10/86).

En el libro «Powderburns Cocaine, Contras And The Drug War», que apareció en 1994, su autor, el ex agente de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Celerino Castillo III, relata que «Cuando me designaron como agente de la DEA en Centroamérica, todavía recuerdo haber visto a Luis Posada y Félix Rodríguez y otro terrorista americano, en la base aérea de Ilopango, El Salvador. Junto a ellos estaba el agente de la CIA y asesor venezolano Víctor Rivera. Ellos eran parte de lo que se conocía como un aparato de la CIA que no respondía a nadie. Ellos estaban involucrados en el tráfico de drogas, secuestros y entrenamiento de escuadrones de la muerte.» (traducción libre).

En su libro autobiográfico, «Los caminos del guerrero», Posada Carriles afirma que Rivera se desempeñaba como jefe del grupo de asesores venezolanos que capacitaban a la policía salvadoreña durante el gobierno del democristiano Napoleón Duarte. La capacitación era financiada por la Fundación Konrad Adenauer. «Rivera fue expulsado del grupo de asesores y tuvo que irse de El Salvador; la muerte de un instructor venezolano y de un guerrillero salvadoreño provocaron gran escándalo. Se descubrió que los venezolanos no sólo impartían enseñanza sino que también trabajaban con la policía. Una sustracción de fondos puso término a la estancia de Rivera en el país.» (Capítulo 19e Inforpress, 2/3/07).

La salida de Rivera y el escándalo Irán-Contras, obligaron a Posada Carriles a retirarse de Ilopango, pero inmediatamente pasó a trabajar con los asesores venezolanos. En 1988, tras la derrota electoral del Partido Demócrata Cristiano, se retira de El Salvador, y se refugia, según su libro, en Guatemala donde se hace cargo de la seguridad de la empresa estatal Teléfonos de Guatemala (GUATEL), gracias a la amistad que tiene con el entonces director Francis Ramírez, a quien también le brinda seguridad y que había conocido en El Salvador, según ha declarado el ex presidente Vinicio Cerezo, y entonces diputado (Capítulo 20. Europa Press y AFP, 25/11/00).

En 1995, Francis Ramírez fue capturado en EEUU y acusado de lavado de dólares a través de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Fue condenado a cuatro años de prisión, por el envío de US$81 mil a EEUU. En El Salvador también entabló amistad con el entonces embajador de Guatemala, Leopoldo Urrutia.

 Tras un atentado, se puso en evidencia la presencia en Guatemala de Posada Carriles. La intervención inmediata de Francis Ramírez y del director de Aduanas, Rolando Castro, logró que fuera internado de emergencia en el hospital privado El Pilar, y según Posada Carriles, una parte de los gastos médicos fueron pagados por el gobierno de Cerezo (Capítulo 20 y The Miami Herald, 13/5/90). El mandatario, afirma Posada Carriles, comisionó al jefe de seguridad de palacio, Henry (a quien se identifica sólo con ese nombre), para que organizara la seguridad en el hospital.

Fuentes diplomáticas aseguraron en aquel momento que Posada Carriles pertenecía a un equipo de expertos en espionaje al servicio de Cerezo, independiente al ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional. Incluso, trascendió que Posada Carriles era miembro de la seguridad del mandatario, y que ese equipo era financiado por donaciones provenientes de la entonces Alemania Occidental y un fondo manejado discretamente por el propio Cerezo (The Miami Herald, 13/5/90). Cerezo desmintió todo.

Días después del atentado, y ya recuperado de las heridas, Posada Carriles viajó a Honduras. Entre 1994 y 1995, ocurrieron serios atentados en ese país, destinados a desestabilizar al gobierno hondureño de Carlos Roberto Reina, según publicó The Miami Herald en 1997 (Inforpress, 10/10/97). Los atentados fueron organizados por cubanos exiliados con el apoyo de militares hondureños, que buscaban presionar al gobierno para abrir en Honduras un frente de ataque contra Cuba. En esos hechos Posada Carriles jugó un papel fundamental.

Después de esas acciones, retornó a El Salvador y Guatemala donde comenzó a organizar los atentados de 1997 en Cuba. En El Salvador, con el nombre de Franco Rodríguez Mena, Posada Rodríguez reclutó a Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena, para realizar los atentados. Ambos fueron capturados meses después y hoy purgan largas condenas en Cuba. A Cruz León se le recuerda por haber integrado una peligrosa banda de ladrones de vehículos y a Rodríguez Llerena, al momento de su reclutamiento, por ser jefe de seguridad de la distribuidora de vehículos DIDEA, propiedad de la familia Poma, y asociada con la familia Maegli de Guatemala, de las más influyentes de El Salvador (Inforpress, 9/4/99).

Sin lograr su gran objetivo de derrocar al gobierno de Castro, fraguó intentos de asesinato contra el mandatario cubano en Venezuela, República Dominicana y Panamá. En este último país fue capturado en 2000, luego que la inteligencia cubana descubriera un complot contra Castro en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de presidentes (Inforpress, 1 y 8/12/2000). Posada Carriles fue capturado con documentación legal extendida por autoridades migratorias salvadoreñas, bajo el nombre de Rodríguez Mena. El gobierno salvadoreño de Francisco Flores cargó con un elevado costo político por este caso.

Tras pasar cuatro años detenido, junto a otros cubanos acusados, la entonces mandataria Mireya Moscoso, previo a dejar el poder, indultó a Posadas Carriles al igual que al resto. En agosto de 2004, es liberado y, supuestamente, viaja a Honduras, desde donde organiza su retorno a Estados Unidos, donde buscó y obtuvo asilo político por parte de George Bush. Permaneción en ese país hasta su muerte.






Publicado por La Cuna del Sol
USA.

lunes, 21 de mayo de 2018

Gano Maduro. ¿Y ahora?


Sucedió que una importante porción del pueblo venezolano decidió ir a votar y reelegir a Nicolás Maduro


GANO MADURO. ¿Y AHORA?


Por Guillermo Cieza

El pueblo venezolano ha realizado algunos hechos que lo convierten en un país excepcional. Según parece fue el único caso donde un pueblo en la calle derrotó un golpe de Estado.

Ahora suma otra hazaña. No se conocían antecedentes de un país donde un presidente que haya soportado un proceso de hiperinflación fuera reelegido. Y la hiperinflación en Venezuela en los últimos 12 meses fue record mundial, mas del 2.000 por ciento.

Para sumar dificultades, esto se ha realizado en un país sancionado por EEUU y la Unión Europea, bloqueado, reducido casi a la supervivencia. Peor aún, amenazado. En el último mes, en la última semana, el Departamento de EEUU, el Comando Sur, lo conminaron, le ordenaron suspender las elecciones. El impresentable Secretario General de la OEA, la liga de los peores gobiernos de America Latina, Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Chile, les anticiparon que no iban a reconocer los resultados electorales (salvo que ganara la derecha).

Todos ellos, desde hace tiempo están conspirando para concluir la campaña para “liberar a Venezuela y a Cuba”. Por todos lados aparecen documentos, planes, declaraciones que hacen referencia a una invasión de fuerzas combinadas de distintos países coordinadas por EEUU, una reedición de lo que fue la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en el siglo XIX. Y como ocurrió con el Paraguay, el objetivo principal es mucho más ambicioso que apoderarse de bienes naturales o anexar territorios. El objetivo principal es erradicar “el mal ejemplo”, que no queden ni cenizas de aquellos que se atrevieron a desafiar al sistema capitalista mundial y a los imperios occidentales.

Y sucedió que una importante porción del pueblo venezolano decidió ir a votar y reelegir a Nicolás Maduro.

¿Que mueve a un pueblo a tomar semejantes decisiones?

Tuve el privilegio de estar brevemente en La Habana en 1993, en plena crisis por la caída abrupta del sector externo de la economía cubana a raíz del desplome de la Unión Soviética y los países del Este. Persisten en mi memoria las imágenes de aquel pueblo que se volcaba a las calles y las plazas a discutir con pasión lo que estaba sucediendo, que nos mostraban fotografía del tiempo que fueron gordos o gordas y que compartían con nosotros la última cerveza o refresco que les quedaba en la heladera.

También recuerdo esa decisión que expresaban sobre todo los más viejos, los veteranos de las misiones internacionalistas. No puedo olvidar el orgullo con que un viejo cubano me mostraba su uniforme de combatiente en Angola y sus palabras: - Vamos a resistir, nos moriremos de hambre, pero nos moriremos como cubanos.

Defender la Revolución se asentaba en el sustrato más íntimo, más visceral de sus convicciones. Defender la Patria.

¿Que mueve a los que persisten en la heroica resistencia del Pueblo de Palestina? ¿Que movía a ese hombre sin piernas, que siguió tirando piedras hasta que fue abatido por los francotiradores del ejercito israelí?

Estoy convencido que la decisión del pueblo venezolano se asienta en motivaciones parecidas. Nos cagaremos de hambre pero enfrentaremos a los gringos como lo que somos, como venezolanos, como dignas hijas e hijos de Simon Bolívar.

Si quieren saber que es lo que mueve estas decisiones que parecen suicidas o masoquistas, si quieren saber cómo se ha ido forjando esa convicción profunda., que parece madurada en siglos, pregúntenle a las mujeres venezolanas de los barrios populares, a las campesinas. Las que han sostenido hogares, consejos comunales, Claps y hoy se alistan en las milicias. A las que, incomodándose y poniendo el cuerpo, reviven al Che.

Lo que sigue en Venezuela va a depender del chavismo que, como muy bien aclara Reinaldo Iturriza, no es sinónimo del gobierno bolivariano. Es un concepto mucho más amplio y fervoroso en la decisión de avanzar con la Revolución.

“Me preocupa mas el lunes que el domingo”, me comentaba un compañero venezolano. Pero fue preciso este domingo victorioso para tener lunes.

¿Podrá el chavismo derrotar a sus demonios internos?

¿Se resolverá la lucha de clases que hoy también traspasa al chavismo y el gobierno de Maduro a favor de una continuidad del proyecto revolucionario?

¿Como se desarrollarán esas disputas enmarcadas en la batalla urgente de enfrentar a la agresión imperial?

Seguro no depende del diagnostico, la opinión, o las sugerencias de quien escribe este texto emocionado a diez mil km. de distancia.

Depende de los millones de héroes y heroínas que hoy vuelven a cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de ser dignos, los que levantan las banderas prohibidas por el sistema capitalista, los que han construido un sueño lo suficientemente potente para volver a ilusionarnos y quitarle el sueño a los poderosos del mundo..

Pertenezco a una generación que se animó a ser radical y desafiar al sistema capitalista; que creyó en la actualidad de la Revolución y le puso el cuerpo. Pertenezco a una generación que pagó su osadía con 30.000 desaparecidos. Puedo valorar lo que se arriesga cuando se toman decisiones como las que tomó este domingo el pueblo venezolano.

Mi admiración y mi solidaridad.

Patria y socialismo.






Publicado por La Cuna del Sol
USA.

viernes, 18 de mayo de 2018

Guatemala. 29.000 indígenas sin agua por los negocios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez


Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.


GUATEMALA. 29.000 INDÍGENAS SIN AGUA 
POR LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENTE 
DEL REAL MADRID, FLORENTINO PÉREZ


Por Nuria López (RT)

Activistas de Greenpeace cortaron el mes pasado el agua de las oficinas de ACS, la empresa de Florentino Pérez, el conocido empresario español y presidente del club de fútbol Real Madrid, ubicadas en un emblemático edificio de la importante Avenida Pío XII de la capital española. Semanas después el mismo escenario era escogido por activistas de la ONG Ecologistas en Acción para realizar un acto de protesta tumbados en el suelo y teñidos de pintura roja que imitaba sangre; escogieron el día que tenía lugar la Junta de Accionistas de la empresa.

El lema de los primeros era ‘ACS destruye los ríos de Guatemala’, el de la segunda protesta ‘ACS contra la vida’. Greenpeace eligió la acción simbólica de cortarles el agua para denunciar que la compañía española está dejando sin agua a miles de indígenas en Guatemala con sus proyectos. Ecologistas en Acción, por su parte, denunciaba las violaciones de derechos humanos y los impactos medioambientales de las empresas de Florentino Pérez tanto en el país centroamericano como en Palestina.

Estas han sido las últimas protestas en Madrid, pero el conflicto viene de lejos. Desde 2011 Florentino Pérez se enfrenta a las manifestaciones de las comunidades indígenas cercanas al proyecto Renace, que desde ese año está siendo construido por una filial de ACS, el gigante empresarial de Pérez, el Grupo Cobra. Con la ayuda de las organizaciones no lucrativas de defensa del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas hace tiempo que se ha intentado internacionalizar la problemática, hacer partícipe a la opinión pública mundial de lo que está sucediendo en Guatemala.

Hay varias campañas de petición de firmas puestas en marcha por la ONG Alianza por la Solidaridad. Una de ellas pide la paralización de las obras. Ya lleva más de 32.000 firmas y cuando llegaron a las 25.000, el 2 de noviembre, realizaron una entrega en la sede de ACS. La otra pide la excarcelación del líder quekchí Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva desde el 30 de enero. Más de 5.000 personas han firmado ya la petición.

¿Y qué está sucediendo en Guatemala?

Lo que está sucediendo en Guatemala es que alrededor de 29.000 pobladores de la etnia quekchí de las comunidades cercanas al río Cahabón, en el Departamento de Alta Verapaz, están dejando de tener acceso al agua. Este río es uno de los más extensos y caudalosos del país centroamericano. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal. El Cahabón cuenta con hasta seis centrales hidroeléctricas, algunas ya en funcionamiento y otras en construcción. El resultado es que casi 30 kilómetros de este río se encuentran prácticamente secos, sobre todo en la época no lluviosa, que es cuando los habitantes más necesidad tienen de él.

Las comunidades de la región utilizaban el río para lavar, para pescar y, sobre todo, para proveerse de agua potable tanto para consumo personal como para abastecer sus cultivos.

Todo esto ha sucedido sin la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. El complejo Renace comenzó a construirse en 2002. Aunque estuvo precedido por la construcción de otra hidroeléctrica, Oxec, que ya se enfrentó a las mismas problemáticas. Renace consta de cinco fases repartidas en un extenso tramo del río Cahabón y desde el principio ha tenido graves carencias en los procedimientos de evaluación medioambiental.

El producto pretende ser la hidroeléctrica más grande del país. Aunque es propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI), ésta subcontrató la realización de las últimas tres fases (Renace III, IV y V) a la empresa española Grupo Cobra, perteneciente al conglomerado empresarial de Florentino Pérez, ACS, un gigante con más de 210.000 empleados y presencia en 80 países.

El Grupo Cobra tiene una amplia experiencia en América Central en la construcción de centrales minihidráulicas y de tamaño mediano. La visita en 2014 de Pérez a Guatemala reavivó las protestas, aunque nada cambió. Cobra siempre se ha remitido a que ellos solo son una subcontrata y no tienen nada que ver con las protestas de las poblaciones afectadas. Sin embargo, su participación está cuestionada en atención al principio de Debida Diligencia, que obliga a la protección ambiental en otros países.

Para el abogado de la organización guatemalteca Madre Selva, Vladimir Soto, como empresa internacional que trabaja en el territorio guatemalteco, “debió de garantizar que se cumplieran las leyes nacionales antes de iniciar la construcción de las hidroeléctricas, específicamente el derecho a la Consulta a Pueblos Indígenas”. Por este motivo, Alianza para la Solidaridad presentó una queja ante ACS por no cumplir con estos requisitos así como las obligaciones de responsabilidad social empresarial a las que se encuentra sujeta la compañía.

Soto ha sido el encargado de presentar la acción constitucional de amparo contra el ministro de Energía y Minas guatemalteco en nombre de Ana Rutilia Ical Choc, vecina del municipio de San Pedro Carchá y miembro de la comunidad quekchí, por la construcción del proyecto Renace.

Las denuncias y protestas se suceden

Desde 2002 las protestas se suceden. De hecho, las poblaciones de Santa María de Cahabón, del departamento de Alta Verapaz, a partir de 2015 han consolidado un movimiento de resistencia pacífica, en el que participan unas 115 comunidades, para realizar acciones con el fin de detener la instalación del ingenio hidroeléctrico a través de la Consulta Comunitaria que les permita decidir sobre sus bienes naturales y territorio.

La construcción de estas infraestructuras ha estado rodeada de denuncias de vulneración de derechos e impactos ambientales, de aumentar la conflictividad en el interior de las comunidades y de criminalización de los opositores.

Sin derecho a la participación y a la información

La principal denuncia, nos cuenta Vladimir Soto, es la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de conformidad con lo establecido con el Convenio 169 de la OIT, “debido a que se implementan estos proyectos en territorio de pueblos indígenas, afectando su forma de vida y su cosmovisión maya”. La consulta debió ser realizada por parte del Estado de Guatemala, pero al no realizarla, “las empresas involucradas debían de exigir su cumplimiento, en este tema se basa la acción de amparo interpuesta”, nos relata el abogado.

La normativa establece que los estudios de impacto ambiental deben contar con un plan de participación pública que contenga la sociabilidad de proyecto en la comunidad, documentar que ha habido participación social y describir una metodología para la resolución de conflictos.

Guatemala hasta el año pasado no había ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obligaba a reglamentar el procedimiento de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas. En julio de 2017 el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó la guía operativa para la implementación de la consulta a los pueblos indígenas. El derecho de las comunidades se ha visto restringido cualitativamente. Ya no podrán elegir sobre qué se les tiene que preguntar, y tampoco podrán decir ‘no’, puesto que este proceso busca ahora “acuerdos de mitigación de los impactos de la obra”.

Lo cierto es que con anterioridad a la publicación de esta guía, los pueblos tampoco habían sido preguntados e informados. Los únicos trámites de los que hay constancia son los que hizo CMI para cubrir los trámites de Renace II y Renace III, cuando contrató a la consultora SIGA, que realizó una encuesta en la que tan solo preguntó a 57 personas sin dejar claro que el sondeo tenía que ver con el derecho de consulta. “Nadie nos explicó que nos íbamos a quedar sin río”, aseguran los comunitarios en declaraciones recogidas en una investigación de la ONG Alianza por la Solidaridad.

En agosto de 2017 las comunidades decidieron votar por su cuenta en el municipio de Santa María de Cahabón, donde se obtuvieron 27.000 votos en contra de las hidroeléctricas y 20 votos a favor. El Estado no reconoció esta consulta.

Sin agua y electricidad en zonas rurales

El Informe Anual Circunstanciado 2017 del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, el último disponible, recoge que en todo el país entre 2000 y 2014 aumentó un 10% el número de trabajadores, mientras que el porcentaje de ingresos destinados a remuneraciones disminuyó más de un 3%. En ese mismo periodo la pobreza aumentó del 53 al 56% y la pobreza extrema lo hizo del 15 al 23%. El 70% de los trabajadores se encuentra en la economía informal y solo 3 de cada 10 igualan o superan el salario mínimo vigente. Obviamente, la situación de las mujeres es peor.

En este marco, el documento también denuncia que en el área rural del país el 33% de las viviendas no tiene acceso a agua, en conflictividad principalmente con agroindustrias, hidroeléctricas y minerías. El 90% de las fuentes del preciado líquido están contaminadas por la falta de tratamiento de las aguas residuales. Además, según el último dato del Banco Mundial, el 9% de los guatemaltecos no tiene acceso a luz eléctrica, unos dos millones de personas, sobre todo en zonas rurales.

En este contexto el grupo Cobra construye un complejo para CMI que producirá energía en parte para la exportación, en una zona, el departamento Alta Verapaz, en la que la mayoría de comunidades no tienen ni electricidad ni acceso al agua en sus viviendas, y ahora tampoco al río. Las quejas de los pobladores se centran en este aspecto en que el marco legal del país no protege el agua como bien público ni como derecho de la población, por lo que acaba predominando el derecho concesional a las industrias que precisan este recurso, mientras la población no dispone del mismo en cantidad y calidad suficiente.

“Los pueblos indígenas tienen una conexión especial con la naturaleza debido a su cosmovisión, para ellos el agua es vida y tienen respeto a los ríos, los cerros, la flora y la fauna”, cuenta Vladimir Soto. Dependen del río para su subsistencia. Ellos se dedican a la agricultura y la pesca y utilizan sus aguas para consumo diario y el privarles de los ríos “les afecta directamente en su modo de vida”, agrega.

Olvidados por el Gobierno

Aunque la Constitución de 1993 en su artículo 127 establece que las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles y que debe haber una regulación legislativa sobre su aprovechamiento, ésta todavía no se ha producido. No existe un marco en la actualidad de protección al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y no se han ratificado los tratados internacionales sobre la materia.

En 2012, según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013 de la CEPAL, solo el 15% del agua abastecida por sistemas de red estaba desinfectada y solo el 66% de los usuarios tenían acceso a ella a través de un sistema de abastecimiento. La incidencia de enfermedades diarreicas en la población era alta.

Criminalizar las protestas

Según Alianza para la Solidaridad, la forma más común de criminalizar las protestas y a sus líderes es a través de las acusaciones de los delitos de detención ilegal, secuestro, instigación a delinquir, terrorismo y usurpación agravada. El delito de terrorismo se aplica en casos de protestas que incluyen daños a bienes, como puede ser la maquinaria de un proyecto.

Pero los líderes comunitarios enfrentan también otro tipo de agresiones que incluyen desapariciones, torturas, violaciones o amenazas. También el uso arbitrario de la prisión preventiva.

Según recoge Alianza por la Solidaridad, solo en 2015 se contabilizaron 84 detenciones arbitrarias, 493 agresiones, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidios. Las organizaciones que han investigado no conocen que se haya condenado a empresas por el asesinato de dirigentes indígenas.

Desde 2016 un total de 226 activistas han sufrido algún tipo de agresión, amenaza o intimidación.

La única sanción contra el Grupo Cobra conocida es una multa de 470.000 dólares por la destrucción de un bosque próximo a sus instalaciones.

El emblemático caso de Bernardo Caal Xol

El 30 de enero fue detenido Bernardo Caal Xol. Desde entonces se encuentra en prisión provisional, a la espera de juicio. Los cargos de los que se le acusa son de lo más “peregrino”, cuenta a RT Rosa M. Tristán. Esta periodista de la ONG Alianza por la Solidaridad estuvo sobre el terreno documentando la situación en la región de Alta Verapaz. Bernardo Caal está acusado de robo y de secuestro, entre otros cargos. La legislación guatemalteca contempla como secuestro cualquier protesta que inmovilice un vehículo o que impida la salida o entrada de personas de cualquier instalación.

En una de las protestas contra el complejo hidroeléctrico los manifestantes bloquearon una furgoneta y sustrajeron algunos aparejos destinados a las obras, como picos y palas. Dos años después, trabajadores de la empresa dijeron que les parecía que Bernardo Caal estaba allí.

Caal es uno de los rostros visibles del descontento de las comunidades indígenas y quién firmó la primera denuncia judicial contra la predecesora de Renace, la hidroeléctrica Oxec, y para la periodista parece claro que ésta ha sido una manera eficaz de acallar a uno de los dirigentes.

“No es un asesino, no es un terrorista, es un maestro”, dice Rosa M. Tristán, que nos cuenta como ésta es una de las prácticas que se llevan a cabo para presionar y acabar con las protestas. “Se trata de la palabra de los trabajadores vinculados a la hidroeléctrica contra la del líder quekchí, mucho tiempo después, no hay más pruebas”, añade. Y estas acusaciones, según la entrevistada, son las que le mantienen en prisión preventiva. El pasado 19 de marzo el juez que debía encargarse del caso se inhibió. “La presión es constante de los poderes, a todos los niveles, que quieren paralizar este tipo de protestas”, afirma la periodista.

Antes de ser encarcelado Bernardo Caal ya declaraba: “Temo mucho que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres”, la líder indígena hondureña que fue asesinada en 2016 tras denunciar durante años que recibía amenazas por parte de empresas y de fuerzas de seguridad del Gobierno, “aún así la mataron”. “Castigar a un líder quekchí como yo para que las comunidades aprendan a no protestar en contra de las hidroeléctricas”, es lo que pensaba Caal Xol que pretendía su persecución judicial, “si hay algo que no respetaron es consultar a las comunidades según el convenio 169 de la OIT”, añadía.

La relatora especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, estuvo en Guatemala la semana pasada, y visitó a Bernardo Caal para mostrarle su apoyo y comprobar cúal es la situación de los integrantes de los pueblos indígenas.

Tras su visita de diez días iniciada el 1 de mayo, la relatora ha declarado que “no se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran desplazados por intereses de empresas globales“. También aludió a la pobreza: “La tasa para estas comunidades está entre el 70 y el 90 por ciento. Algunos integrantes de estos pueblos son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos”.

Vladimir Soto cree que el mensaje desprendido de esta visita es que permanece “la discriminación y segregación de los pueblos indígenas, quienes son despojados de sus tierras de manera ilegal para explotar los recursos naturales del país”, y ante este despojo, “la lucha social de los pueblos por la defensa de su territorio es criminalizada por parte del sector empresarial y el mismo Estado de Guatemala”.

El de Bernardo no es el único caso destacado. Lolita Chávez, lideresa indígena que fue finalista en el prestigioso premio Sarajov para la Libertad de Conciencia 2017 del Parlamento Europeo, ha llegado a pedir que Florentino Pérez “conozca a las comunidades que su empresa trata de eliminar en Guatemala”, en declaraciones recogidas por el medio Contexto.

Dividiendo a las comunidades

Durante la construcción de las instalaciones hasta 2014 se habían creado 800 puestos de trabajo, según declaraba Juan Carlos Méndez, directivo de CMI en una entrevista a Estrategia y Negocios en ese mismo año. Son contratos de baja cualificación en los que se contrata a los trabajadores por turnos de 15 días, a 13 euros el jornal. La investigación de Alianza por la Solidaridad no ha podido constatar que sean empleos formales, con seguridad social.

Aunque se trata de trabajo temporal, porque una vez concluidas las obras las instalaciones apenas necesitarán personal y éste será cualificado, por lo que no se podrá nutrir de la población local, esto ha dividido a las comunidades. Aquellos que tienen trabajo, aunque sea durante 15 días, son más proclives a apoyar las construcciones, aunque sea en contra del conjunto de la comunidad, nos relata la periodista M. Tristán.

También la empresa responsable de Renace ha llevado a cabo donaciones a las colectividades, como mochilas para los escolares o instrumentos de trabajo, como picos y palas. Al comienzo eran bien recibidos por parte de la población, aunque ya casi nadie va a recogerlos, constatan en Alianza por la Solidaridad. Ahora, cuando el proyecto está avanzando, son conscientes de que no traerán ningún desarrollo a la comunidad, ni acceso a luz eléctrica, y cada vez menos a un río que solo transporta el 10% de su caudal debido a las diferentes canalizaciones. Eso en época de lluvias. En la estación seca se pueden observar tramos secos y, a veces, los peces yacen amontonados por la falta de caudal. En muchas ocasiones ya no es posible tampoco la pesca.

También divide a los pobladores la compra de tierras. Entre aquellos que venden y no venden hay tensión. Aunque la mayoría de las comunidades han decidido no vender sus tierras a las empresas involucradas en Renace, algunos propietarios individuales han decidido hacerlo. Esto está dando diversos resultados. Se está produciendo el acaparamiento de tierras por propietarios medianos, para posteriormente revenderlas a mejor precio a los promotores de la hidroeléctrica.

Por otro lado, la concesión del uso del dominio público del río Cahabón por 50 años a Renace se contempla como una privatización de facto de un bien público, que no respeta el derecho a decidir de las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales.

Efectos en la biodiversidad, contaminación y deforestación

Una vez que las diferentes fases del ingenio hidroeléctrico estén terminadas, éste absorverá casi todo el caudal superficial del río Cahabón. El caudal mínimo ecológico, estipulado por las autoridades en el 10%, no basta para abastecer de agua a las poblaciones cercanas en los 30 kilómetros que ocupa el proyecto, ni siquiera para mantener la vida acuática en la época de sequía.

El caudal del río se encuentra contaminado por sedimentos y descomposición orgánica en el embalse, además de producirse la salinización del agua de riego por concentración de sedimentos. La organización guatemalteca Madre Selva ha constatado un aumento de enfermedades hídricas, la proliferación de vectores, escasez y contaminación del agua.

Las obras han deforestado gran parte de la zona, que se encuentra rodeada de un bosque tropical de gran biodiversidad. Ha sido lugar de asentamiento humano desde la época de los mayas. Según un estudio de Madre Selva, consultado por Alianza por la Solidaridad, alberga un total de 664 especies vegetales y la presencia de especies tan emblemáticas como el jaguar, el puma, el saraguate negro o el tapir, que se ven amenazados con el impacto de las obras.

¿Qué piden las comunidades?

Sus demandas se resumen en que se mantenga estable el caudal del río Cahabón de manera que sea suficiente para que se conserve su biodiversidad; que se financie y apoye el acceso a electricidad de las poblaciones aledañas; que se proporcione agua potable canalizada a toda la población; y que se construyan centros de salud y educación dotados de personal cualificado, así como una maternidad que atienda a las mujeres de la zona.

El abogado de Madre Selva resume el caso Renace en que se compra la voluntad de las personas mediante trabajos temporales o la construcción de una iglesia o mejoramiento de una escuela, pero no se implementa un proyecto de desarrollo social acorde a las necesidades de los pueblos indígenas. “En Guatemala las hidroeléctricas no pagan impuestos, debido a que están exentas de dicho pago, por lo que no hay ingresos para el Estado para invertir en educación, salud o vivienda”, informa.

Estas empresas tampoco pagan las licencias de construcción a las municipalidades, pagan una cantidad mínima, por lo que tampoco a nivel municipal se obtiene beneficio alguno, y la generación de electricidad que realizan es para venderla para otros países como México y Honduras, por lo que tampoco se ven beneficiados con energía eléctrica. “En conclusión, únicamente son despojados de sus ríos y territorios de manera ilegal y no son beneficiados por la implementación de los megaproyectos”, afirma Vladimir Soto.

El Departamento de Alta Verapaz

Estos son algunos datos del departamento de Alta Verapaz, que acoge a la que será la mayor hidroeléctrica de Guatemala, donde se inserta el complejo Renace, recogidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala:

El 92% de sus casi 228.000 habitantes están dispersos en 450 comunidades rurales mal comunicadas.

El 91% pertenece a la etnia maya quekchí.

La pobreza extrema alcanza al 53% (55 euros mensuales) y la pobreza al 88% (99 euros mensuales).

El 27% de la población es analfabeta.

El 56% de las mujeres no recibe asistencia en los partos.

En 2015 el 79% de las viviendas no contaban con suministro de agua y el 56% no tenían acceso a agua potable.

El 99% de las comunidades rurales consumía agua contaminada y no tenían sistemas adecuados de saneamiento en 2010.

El 63% de los hogares de San Pedro de Carchá (uno de los municipios más importantes afectados por Renace) no tenía acceso a suministro eléctrico en 2015.

(En la fotografía de Johan Ordoñez, Florentino Pérez en 2014 con el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez)






Publicado por La Cuna del Sol
USA.

miércoles, 16 de mayo de 2018

Estados Unidos: su injerencia en Venezuela y en Latinoamérica


Estados Unidos se siente dueño de este continente. En algún sentido, no solo se siente: ¡lo es! (claro que no en términos oficiales, por supuesto). Si alguien alguna vez pensó que desatiende su patio trasero poniendo su interés básico en otras zonas del planeta, se equivoca: esta región es vital para su sobrevivencia, por eso la cuida tanto.


ESTADOS UNIDOS: SU INJERENCIA EN
VENEZUELA Y EN LATINOAMÉRICA


Por Marcelo Colussi

El domingo 20 de mayo hay elecciones generales en la República Bolivariana de Venezuela. En un acto de soberbia injerencista sin par, el gobierno de Estados Unidos pidió (exigió) que las mismas se suspendan. ¿Cómo es eso posible?

Venezuela es un país libre, y pese a todo lo negativo que pueda decir la prensa comercial del planeta, lleva adelante un proceso de transformación social con elecciones limpias y transparentes. La democracia allí es un hecho. Si Nicolás Maduro se mantiene en la presidencia, es porque el pueblo mayoritariamente así lo pidió. Las criminales medidas de desestabilización que aplica el gobierno de Washington (boicot, generación de mercado negro, desabastecimiento, provocaciones diversas, etc., etc.) buscan a toda costa terminar con el proceso bolivariano. De no conseguirse eso por esas vías, no sería improbable que opte por una salida militar, seguramente con apoyo de gobiernos títeres de Latinoamérica, enmascarado todo ello en una supuesta “defensa de la libertad” contra la “narcodictaura” que sufriría el país de Bolívar.

¿Qué pasaría si en una elección gubernamental de Estados Unidos, país soberano e independiente, otra nación también soberana e independiente hiciera similar pedido para que se suspendieran los comicios? Daría risa. O movería a una airada reacción de Washington quizá, quien probablemente amenazaría con una respuesta militar. ¿Por qué no sorprende esa monstruosa declaración cuando es la Casa Blanca quien lo hace? ¿Por qué, más que risa, eso da indignación? (sabiendo que lo dicho –en este caso por el vicepresidente Mike Pence– es una virtual amenaza para tomar muy en serio, y que luego de lo dicho pueden venir acciones concretas).Porque, tal como dijo el ex candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla, “Estados Unidos es quien decide las cosas en Centroamérica” (expresión que se podría extender a toda Latinoamérica).

La región de Latinoamérica y el Caribe, salvo algunas pequeñas posesiones europeas que continúan siendo colonias –oprobiosa rémora de siglos pasados: Guayana Francesa, Aruba, Bonaire, Curazao, Guadalupe, Martinica, etc.–, es un territorio libre. Libre, al menos, en términos formales de administración política. En otro sentido, en absoluto es un territorio libre. Es, desde la infame Doctrina Monroe de 1823, el traspatio de la gran potencia norteamericana. Lo dijo sin ambages en su momento el Secretario de Estado Colin Powell: los tratados de libre comercio firmados por Washington sirven para “garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que va del Ártico hasta la Antártida y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio.”

Estados Unidos se siente dueño de este continente. En algún sentido, no solo se siente: ¡lo es! (claro que no en términos oficiales, por supuesto). Si alguien alguna vez pensó que desatiende su patio trasero poniendo su interés básico en otras zonas del planeta, se equivoca: esta región es vital para su sobrevivencia, por eso la cuida tanto. Por lo pronto Latinoamérica es su principal proveedora de materias primas y fuentes energéticas: el 25% de todos los recursos naturales que consume Estados Unidos provienen de la región latinoamericana.

En términos estratégicos, el área latinoamericana es vital para la sobrevivencia y perpetuación de la clase dominante de Estados Unidos, representada por las políticas imperiales de la Casa Blanca. Sabiendo que la sociedad estadounidense, con su depredador modo de vida consumista necesita imperiosamente recursos naturales, es importante destacar que en Latinoamérica se encuentra el 35% de la potencia hidroenergética de todo el planeta (grandes ríos y sus inmensas cuencas, como el Amazonas, el Orinoco, el Paraná, etc.), que constituyen igualmente una enorme fuente de agua dulce de superficie, de importancia cada vez más crucial en el mundo dada su creciente escasez. Se encuentran en la región, además, el 27% del carbón de todo el mundo, el 24% del petróleo, el 8 % del gas, el 5% del uranio, así como grandes yacimientos de hierro y de minerales estratégicos (bauxita, coltán, niobio, torio –llamado a ser en un futuro el probable sustituto del petróleo–), fundamentales todos ellos para las tecnologías de punta (incluida la militar), impulsadas en gran medida por el capitalismo estadounidense.

La búsqueda insaciable de minerales metálicos y no metálicos, imprescindibles para los nuevos procesos productivos (en cuenta esa industria bélica tan básica para el proyecto geo-hegemónico de Washington), ha traído como consecuencia una masiva entrada de explotaciones extractivas en toda la región latinoamericana, con capitales de Estados Unidos básicamente, a veces enmascarados en empresas canadienses, presuntamente más respetuosas en los cuidados medioambientales, pero siempre en la lógica de acumulación por desposesión (aniquilando biosfera, pueblos originarios y culturas ancestrales).

Igualmente importante para el proyecto de dominación planetaria de la clase dominante estadounidense es Latinoamérica, en tanto su patio trasero y reserva “natural”, pues en la región se encuentra el 40% de la biodiversidad mundial y el 25% de cubierta boscosa de todo el orbe, lugares de donde puede obtener las materias primas para las industrias farmacéuticas y alimentarias. En tal sentido, es sumamente preocupante observar cómo se enseña en los centros educativos del norte lo correspondiente a la selva amazónica, presentándola como un territorio neutro, patrimonio de la humanidad, preparando así condiciones para el ingreso triunfal de las fuerzas estadounidenses en esa monumental reserva.

Otro punto igualmente vital es el Acuífero Guaraní, en la triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, segunda reserva mundial de agua dulce subterránea. Y ni decir Venezuela y sus enormes reservas de petróleo, calculadas en 300 000 millones de barriles, suficientes para más de 300 años de producción al ritmo de consumo actual (recordando que el consumo norteamericano de hidrocarburos es, hoy por hoy, el más alto del mundo –20 millones de barriles diarios–, superando en un 100% a quien le sigue: la República Popular China).

Está claro, entonces, el porqué de la injerencia de Washington en el área latinoamericana y del Caribe: ¡esta es su reserva “obligada” de materias primas! Pero además son muchos otros los beneficios que obtiene Estados Unidos de su dominio en la región. La deuda externa latinoamericana asciende en estos momentos a cerca de un billón y medio de dólares, contraída por los gobiernos con los organismos crediticios de Bretton Woods: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, manejados en mayor medida por la banca privada estadounidense. Es decir: además de robar recursos en forma inmisericorde (disfrazados de legalidad, amparados en supuestas relaciones comerciales libres), el capitalismo norteamericano expolia a la región con el pago continuo de una deuda usuraria que posterga eternamente el desarrollo de los más pobres, acrecentando al infinito los lazos de la dependencia.

Otro elemento importantísimo es la mano de obra barata que se ofrece en Latinoamérica. Es por ello que desde hace décadas se asiste a un creciente proceso de deslocalización de la industria en suelo estadounidense, trasladando numerosas plantas fabriles (maquilas, ensambladoras) y de servicios (los llamados call centers) a territorio latinoamericano, pues en nuestros países los salarios son infinitamente más bajos, obligándose a los gobiernos nacionales a establecer zonas francas para esas instalaciones, exentas de impuestos, sin sindicalización, sin controles medioambientales. En otros términos: un esclavismo disfrazado.

Además de ello, la mano de obra latinoamericana y caribeña especialmente barata, más allá del perverso juego con las políticas migratorias de Washington donde se cierran fronteras y se construyen muros supuestamente para no recibir más “hispanos indocumentados”, es una fuente de aprovechamiento de los capitales del norte, pues encuentran en esas masas humanas desesperadas un recurso casi regalado para ciertas industrias, para el trabajo en el agro y para muchos servicios a través de los interminables ejércitos de indocumentados que viajan desde la región tras el “sueño americano”.

Complementando todo lo anterior, no puede olvidarse que el sub-continente depende tecnológica y comercialmente en muy buena medida del gran país del norte, que a través de los mecanismos de “libre” comercio impone sus productos y servicios. En muchos rubros, Latinoamérica es un “esclavo” comercial de la producción norteamericana. En esa “libertad” empresarial, el único beneficiado es Estados Unidos. La situación no parece poder cambiar en lo inmediato dadas las actuales reglas de juego.

Está claro, entonces, por qué Latinoamérica es fundamental en el proyecto hegemónico de Estados Unidos. No por otra cosa resguarda a la región con más de 70 bases militares de sofisticada tecnología, sin que se sepa oficialmente cuántas son con exactitud, y qué albergan exactamente. De hecho, dos de las instalaciones más grandes y poderosasestán, “casualmente”, una en Honduras, muy cerca de las reservas petrolíferas de Venezuela, donde se está construyendo una enorme base militar que permitiría intervenir en el país petrolero así como en Cuba, y otra en el Chaco paraguayo: la base Mariscal Estigarribia, pudiendo albergar 20.000 soldados, cerca del Acuífero Guaraní y de las reservas de gas de Bolivia.

¿Por qué intentar detener las elecciones en Venezuela? La pregunta se contesta de suyo: es similar a por qué la estrategia de la Casa Blanca necesita desembarazarse de todos los gobiernos medianamente progresistas de la región (¡que no son socialistas en sentido estricto!, que llevan adelante programas sociales en el medio de planteos capitalistas, tales como el actual Venezuela, o los planteos peronistas en Argentina –ahora fuera del poder–, o los del Brasil del Partido de los Trabajadores –igualmente fuera de la presidencia ahora–, o el de Bolivia, o el de Nicaragua): son escollos, “piedras en el zapato” para la lógica de dominación estadounidense. No son gobiernos dóciles, que se prosternan mansamente ante los dictados imperiales, poniendo obstáculos a la entrada avasalladora de los capitales estadounidenses.

Como gran potencia capitalista Estados Unidos no está derrotada, ni mucho menos. Pero ya no tiene la supremacía abrumadora de años atrás, cuando aportaba más de la mitad del producto bruto mundial, cuando el dólar era el patrón monetario global indiscutido y cuando sus fuerzas armadas se sentían dominadoras de la escena. Hoy aparecieron otros competidores en lo económico, con una China que ya está superando su producción industrial, un déficit fiscal propio que está socavando en forma acelerada el dominio del dólar, más una Rusia renovada con un arsenal bélico que dejó atrás la dominación norteamericana, y un panorama mundial que muestra que el mundo no es unipolar bajo hegemonía estadounidense sino que hay otros actores en juego.

En ese complejo y dinámico escenario, Latinoamérica es el reaseguro del proyecto de dominación de Estados Unidos. Pero la historia es cambiante, y si bien hoy se intentó entronizar el discurso neoliberal como “el fin de la historia”, ¡la historia no ha terminado! Aunque la paliza al campo popular y a los planteos de izquierda en toda Latinoamérica fue muy grande en estos últimos años, la grama siempre reverdece. La Revolución Bolivariana, más allá de las críticas que puedan hacérsele y los desaciertos que conlleve, evidencia que la historia sigue adelante, moviéndose, rompiendo guiones preestablecidos.






Publicado por La Cuna del Sol
USA.