MANO DURA EN BARILLAS

El valor que se atribuye a la vida de los pobres es ínfimo.

INTRODUCCIÓN

Para nadie es un secreto que en Guatemala, como dice la canción, “la vida no vale nada". Claro la de los pobres, porque la de los otros, lo que lo tienen todo y son una minoría tienen todos los medios a su alcance- incluida la protección que el Estado les garantiza- como para no preocuparse de la violencia que consume a la chusma. Toda persona con el mínimo de sentido común debe reconocer que la inconformidad y los actos de violencia que esta genera, como en el caso de Santacruz Barillas, tienen su origen en el abuso de poder que históricamente las clases dirigentes del país han ejercido sobre la mayoría de la población guatemalteca. Aplaudir medidas como el Estado de Sitio para restablecer el orden y castigar a los culpables del desorden, en nada contribuye como solución, sino se combaten las causas estructurales que son las generadoras del descontento y la violencia. ¿Que pasara cuando la olla de presión reviente? Por cómo van las cosas tendremos, como en el pasado, un Estado de Sitio en toda la nación. Y estaremos bien y aplaudiremos  nuevamente el abuso de poder. Marvin Najarro.

MANO DURA EN BARILLAS

Por Juan Luis Font

Nadie con sentido común podrá recriminarle al gobierno que persiga a los sospechosos de irrumpir en el destacamento militar de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango. Es necesario castigar esa agresión, sin duda, y las fuerzas de seguridad golpeadas merecen doblemente ser reivindicadas por no haber repelido con sus armas el ataque. Los protagonistas de los desórdenes y el país mismo se han salvado de milagro de un nuevo episodio de sangre. De manera que es comprensible que el Ejecutivo eche mano de todos los recursos a su alcance; incluido el Estado de Sitio, para conducir a los responsables del asalto.

Pero con no menos determinación, se tendría que perseguir el asesinato de Andrés Francisco Miguel y las heridas de bala en contra de Paulo Antonio Paulo y Esteban Bernabé. Los tres han sido presuntamente opositores al funcionamiento de la generadora eléctrica Hidro Santa Cruz, y los desórdenes del jueves pasado se originaron en el ataque en su contra. Hasta hoy, las autoridades no dan cuenta de una sola captura por ese hecho. ¿Quién los baleó y en qué circunstancias? ¿Por qué el Estado, su Estado, no habría de interesarse de inmediato en esclarecer su muerte y castigar a los culpables?

En Guatemala el valor que se atribuye a la vida de los pobres es ínfimo y resulta descorazonador que el mismo Estado, el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina, anteponga otros objetivos, incluso el del orden social y legal, al de la persecución de la muerte de uno de sus ciudadanos. La Constitución reza que el Estado se organiza con el fin primordial de defender la vida humana. La propiedad privada tiene un segundo orden. No marcha al revés la cosa.

El ataque en contra de los campesinos no justifica que los vecinos se hayan avalanzado contra el destacamento militar, pero ilustra el ambiente de tensión y animosidad en una comunidad que está, presuntamente de manera mayoritaria, en contra a la hidroeléctrica de capital español. El Estado desoye esa oposición e impone, sobre la voluntad de los vecinos, un interés económico. Esa es otra manera de ejercer la violencia.

La oposición a las hidroeléctricas resulta incomprensible para muchas personas, y me incluyo entre ellas. El rechazo a la explotación minera es visto como una especie de capricho, sobre todo de comunidades las  indígenas. Pero si las poblaciones aludidas no encuentran suficientes beneficios para persuadirse que esas operaciones serán más positivas que negativas para su futuro, ¿por qué habría el Estado de imponérselo? Es lógico que los grandes capitales nacionales y foráneos se preocupan más por sus propios intereses de lucro, pero la dirigencia política y la burocracia nacional están obligadas a velar por el bien común.

La única forma sensata de afrontar este conflicto es abrir la discusión, procurar el acercamiento entre las partes y administrar, no ignorar, las diferencias. Es absurdo pretender que sea a sangre y fuego, a fuerza de Estado de Excepción y la instalación de destacamentos militares, que logrará garantizarse el rédito de los inversionistas. (Hasta aquí el artículo de Font).

Como colofón trasladamos algunas opiniones de los vecinos que, por razones obvias, no quisieron dar sus nombres:

• “Cuando alguien de nosotros muere, es como si muriera un pollo o un perro. Pero cuando hieren a un soldado, enseguida un Estado de Sitio”. (Vecino de la comunidad de Santa Rosa).
• “Al menos 25 familias de Santa Rosa, San Carlos y El Recreo se mantienen refugiadas en las  montañas”.
• “Ni en 1982 llegó el Ejército a registrar nuestras casas”, dice una mujer, quien cuenta como ese día allanaron su hogar. “Destartalaron mis cosas y se robaron 600 quetzales. Como 85 soldados y policías rodearon la casa. Nos fotografiaron a todos y nos pidieron el número de teléfono. Eso es contra la ley”, dijo.
• “El presidente manifestó que somos unos maleantes y narcotraficantes. Le pedimos que venga a ver cuántas toneladas de droga saca de la comunidad. El problema empezó cuando vinieron a poner la hidroeléctrica”, afirma un comunitario.
• “El día de los hechos mi marido estaba trabajando en la construcción. Al día siguiente lo llamaron a una reunión, pero era una mentira y lo capturaron”.

Publicado por Marvin Najarro

CT., USA.