Aunque perdida en la memoria
de nuestras sociedades y en las crónicas de los medios de comunicación, hoy
Guatemala vive en una situación neocolonial que hace que la mayoría de sus
pueblos sufran los caprichos y avatares de los intereses de las transnacionales
y de los mercados, además de los de una mínima élite guatemalteca dominante
(apenas una veintena de familias). Este país centroamericano está abierto al expolio
más absoluto e inconsulto, con una violación permanente de los derechos humanos
individuales y colectivos reconocidos por la comunidad mundial y ratificados
por los sucesivos gobiernos de ese país.
GUATEMALA EN EL OLVIDO
Por Jesús González Pazos
Los años 80 del siglo pasado se podrían calificar como los años de la
solidaridad con Guatemala; la década de los 90 como la de la cooperación
internacional con ese país centroamericano. Sin embargo, a partir de la entrada
en el nuevo siglo, posiblemente la palabra que mejor define la relación mundial
con Guatemala es el olvido. En torno a la firma de los Acuerdos de Paz (1996)
se desató un interés bienintencionado, o no, por respaldar el proceso de paz.
Pero, el paso del tiempo y el incumplimiento reiterado por parte de los
sucesivos gobiernos guatemaltecos de los mencionados acuerdos no tuvo otra
respuesta de la comunidad internacional que el olvido y la indiferencia
absoluta hacia las condiciones políticas y sociales de los pueblos maya, xinca,
garífuna y mestizo, aquellos que verdaderamente sufrieron el genocidio que
supuso la guerra abierta por el estado de Guatemala contra su población.
Hoy Guatemala, aunque perdida en la memoria de nuestras sociedades y en las
crónicas de los medios de comunicación, vive en una situación neocolonial que
hace que la mayoría de sus pueblos sufran los caprichos y avatares de los
intereses de las transnacionales y de los mercados, además de los de una mínima
élite guatemalteca dominante (apenas una veintena de familias). Este país
centroamericano está abierto Hoy Guatemala, aunque perdida en la memoria de
nuestras sociedades y en las crónicas de los medios de comunicación, vive en
una situación neocolonial que hace que la mayoría de sus pueblos sufran los
caprichos al expolio más absoluto e inconsulto, con una violación permanente de
los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la comunidad
mundial y ratificados por los sucesivos gobiernos de ese país.
Pero es que la historia de Guatemala es, en gran medida, la crónica de un
estado-nación nunca acabado, nunca construido, pese a que hace casi 200 años
que se produjo la teórica independencia de la metrópoli colonizadora. En
realidad, y como en otros muchos países del continente, el proceso que se abrió
en esos años es el que se puede denominar como de colonialismo interno. La
nueva élite política y económica criolla sustituyó a la vieja de corte
colonial; sin embargo, las estructuras políticas, sociales, económicas y
culturales se mantuvieron sin cambios reales. Las grandes mayorías,
generalmente indígenas, permanecieron en la marginación y la explotación como
mano de obra barata al servicio de los nuevos poderes.
El nuevo estado-nación se erigió sobre los elementos básicos y
fundamentales de la colonia: el racismo, la discriminación y la exclusión
contra los pueblos maya, xinca, garífuna y gran parte también contra la
población mestiza. Y hoy, en pleno siglo XXI, esta situación persiste, hundida
y enraizada en las estructuras centrales de este país. Durante los 36 años del
denominado conflicto armado interno esto quedó ampliamente demostrado. En realidad,
y tal y como recientemente se verificó en el juicio contra el ex-dictador,
general Efraín Ríos Montt (1982-83), lo que se produjo en esos años contra el
pueblo maya fue un genocidio. Más de 250.000 muertes, un millón de personas
desplazadas de sus territorios, 250.000 refugiadas en el exterior, más de 400
aldeas mayas arrasadas y masacradas hablan claramente de la política que
practicó el ejército guatemalteco durante el conflicto armado.
Y como se ha señalado anteriormente, la firma de los Acuerdos de Paz no
acabó con esta situación de discriminación. Hoy estos pueblos sostienen que
siguen inmersos en un proceso de genocidio que se traduce en la libre
disposición de sus territorios por parte de las transnacionales mineras,
petroleras e hidroeléctricas principalmente. Los reconocimientos de los
derechos de estos pueblos (22 de ascendencia maya, más el pueblo xinca y el
garífuna) para definir su vida, sus modelos de existencia, el manejo de sus
territorios, en definitiva el derecho a una vida digna, son desconocidos en el
día a día y de forma cada vez más sistemática. Los mencionados derechos figuran
en los Acuerdos de Paz, pero también en la propia constitución del estado y en
convenios y tratados internacionales como el 169 de la OIT (1989) o la Declaración
de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).
Un ejemplo sintomático de esta continua violación de derechos hace
referencia directa al de consulta y reconocimiento de la organización social y
política propia. En los últimos años, ante el incumplimiento de los gobiernos
de la obligación de consultar a los pueblos ante un hecho, proyecto o proceso
que les afecte directa o indirectamente (Convenio 169-OIT), y ante el aluvión
de concesiones a transnacionales para la explotación, uso y abuso sobre sus
territorios, se han realizado de forma autónoma 72 consultas comunitarias.
Éstas han mantenido los procedimientos tradicionales de las comunidades y en
todas ha habido una supervisión nacional y, en muchos casos, internacional
validando estos procesos como transparentes y adscritos al derecho reconocido
por el ya citado Convenio 169. Se buscaba el posicionamiento libre,
participativo y democrático de la población ante una agresión a sus
territorios, realizada por las transnacionales (españolas en determinados
casos) mineras y/o hidroeléctricas con el respaldo pleno del gobierno. Los
resultados, abrumadoramente mayoritarios a favor de la defensa y respeto a los
territorios, se han trasladado al congreso de la república, quien sistemáticamente
los ha ignorado. Obviamente, para esta institución y para el gobierno de turno
tiene más valor el interés económico de cualquiera de estas empresas que el
pensamiento, deseos y posicionamiento de la población. Se ignoran así los
derechos políticos de participación, de consulta, de organización y otro largo
número de derechos individuales y colectivos. Por el contrario, se protegen
abiertamente los intereses de las transnacionales y, además, se criminaliza la
protesta y resistencia como respuesta a las continuas violaciones de derechos.
Esto último alcanzando en los últimos años los más graves niveles como reflejan
las detenciones de líderes y lideresas, los asesinatos selectivos, amenazas de
violencia sexual contra las mujeres, declaraciones de estados de sitio y
recientemente casos de masacres: Totonicapán hace un año, y hace unas semanas
San José Nacahuil, con 11 muertos y 15 heridos por un ametrallamiento
indiscriminado sobre la población; u ocupaciones y represión generalizada como
el caso en estos días de la comunidad de Barillas, en lucha permanente contra
la transnacional española Econer-Hidralia.
Toda esta situación actual y el previo proceso histórico es lo que permite
afirmar que el colonialismo interno en Guatemala sigue siendo una triste y dura
realidad. Las bases de discriminación y marginación, de empobrecimiento y
explotación, de exclusión y racismo, siguen operando como pilares fundamentales
del país, constituyendo la política del estado y de las clases oligarcas.
Pero esta situación es cambiable, es transformable. La organización
comunitaria en torno a las consultas ha supuesto que esta población pueda
romper el silencio al que estaba condenada, desde los años más oscuros del
genocidio. Estas consultas han propiciado procesos amplios de reflexión, de
análisis, de debates y de expresión de sentimientos por parte de los pueblos
maya y xinca, que hacía demasiados años que habían sido condenados al
destierro, al olvido en la creencia interiorizada de que esos eran derechos
solo para los pudientes y no para los empobrecidos, no para los eternamente
relegados por el colonialismo. Otro hecho que ha incidido en esta ruptura de
reclusión y parálisis ha sido el proceso de enjuiciamiento del general Ríos
Montt. Nunca se imaginó que esto pudiera darse: el proceso y condena contra un
genocida vivo. Sin embargo, fue la valentía de las mujeres ixiles la que abrió
esta puerta para denunciar lo ocurrido durante la política de tierra arrasada
que practicó el ejército. Por cierto, en aquel momento, el hoy presidente de
Guatemala Otto Pérez Molina era oficial en el territorio ixil, teniendo la
responsabilidad sobre varias de las masacres acaecidas en esa área. El juicio
celebrado en 2013 en el que se denunciaron y probaron los hechos ha llevado a
la condena del ex-dictador a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra
los deberes de humanidad. Cierto es que posteriormente las presiones ejercidas
por los oscuros poderes de siempre llevaron al alto tribunal a desconocer el
juicio y ahora éste deberá repetirse. Sin embargo, esto no ha hecho sino poner
en evidencia una vez más los ocultos intereses de la clase dominante,
económica, política y militar y el carácter no democrático y racista del estado
guatemalteco. Y, ocurra lo que ocurra, el juicio ya ha sido una victoria para
los pueblos de Guatemala.
Todo esto es lo que la comunidad internacional sigue ignorando y/o mantiene
en el olvido, con el fin de que los intereses económicos sigan gozando de
inmejorables condiciones para la explotación de los recursos naturales y
humanos en el marco de la doctrina neoliberal y neocolonial. Por eso, por la
justicia y la solidaridad internacional como compromiso ético y político es por
lo que corresponde ahora acabar ya con el olvido y recuperar la memoria y la
responsabilidad internacional para la dignidad de la vida de todos los hombres
y mujeres, de todos los pueblos de Guatemala.
Jesús González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe y de la CODPI
(Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas)
Publicado por LaQnadlSol
CT., USA.
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